Hemos visto cómo ha habido un bloqueo para las empresas. Muchas empresas han tenido que cerrar como resultado de las restricciones relacionadas, y muchas personas cuyos ingresos dependen de estas empresas han perdido sus puestos de trabajo. Todo esto ha dificultado la supervivencia de muchas empresas, ya que sus fuentes de ingresos se han agotado. Para ayudar a estas empresas y, por tanto, proteger los puestos de trabajo y la economía en su conjunto, los diferentes gobiernos impulsaron medidas que apoyan los préstamos de los bancos a las empresas.
Esta acción ha permitido mantener muchas empresas a flote, eludiendo la quiebra. La caída de las quiebras tiene una traducción… Se están manteniendo a flote empresas que engullen recursos y dejan deuda ya sea pública vinculada a los déficits, o privada para la obtención de liquidez que permita mantener a las empresas a flote, las conocidas como empresas zombies. Se ha hecho todo lo posible para evitar que las empresas acabarán entrando en procedimientos de concursos de acreedores que colapsan los juzgados mercantiles, ya saturados antes de la pandemia. Con ello, se busca esquivar la liquidación de empresas con problemas transitorios de liquidez, pero que puedan ser solventes en el medio plazo, en un contexto de gran incertidumbre económica que no permite discernir correctamente entre empresas viables e inviables.
Todas estas medidas nos llevan a una mayor tasa de supervivencia de empresas no viables, lo que puede acarrear efectos negativos en la necesaria reasignación de factores productivos y recuperación de la actividad empresarial en su conjunto en el medio plazo. Si las empresas no se reestructuran, se mantiene una estructura empresarial que es un lastre y no se adapta a la realidad. Todas estas medidas, si son sostenidas en el tiempo, nos envía a una mayor tasa de supervivencia de empresas inviables, que, si no están acompañadas de refinanciaciones bancarias o nuevo crédito desaparecerían en un breve plazo. Por un lado, deberían mantener o aumentar sus préstamos y, de hacerlo, los mayores riesgos incurridos acaban reduciendo la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, ya que deben digerir mayores pérdidas.
Las medidas ofrecidas maquillan si un prestatario está en problemas o no. Durante la crisis, los bancos de muchos países han concedido a los prestatarios una pausa para afrontar los préstamos, ya sea por iniciativa propia o en virtud de una moratoria. En consecuencia, los bancos no pueden evaluar el riesgo de los prestatarios y deben basarse en información más cualitativa.
