En medio de una creciente preocupación por el impacto social y ambiental de la minería ilegal, la posible decisión del Congreso de la República de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha encendido alarmas entre expertos, líderes empresariales y organizaciones civiles. Esta medida, que busca prolongar la inscripción de pequeños mineros y mineros artesanales, ha sido fuertemente criticada por su aparente ineficacia para promover una verdadera formalización en el sector.
Según denuncias, el REINFO, lejos de cumplir con su propósito, ha sido aprovechado por redes de minería ilegal para operar bajo un manto de legalidad. El dinero proveniente de esta actividad, que ya supera al generado por el narcotráfico, estaría financiando campañas políticas, controlando votaciones y asegurando la protección de intereses ilícitos en las esferas políticas.
Impactos devastadores
La minería ilegal ha causado estragos en el Perú: desde la destrucción ambiental por el uso indiscriminado de mercurio, hasta el incremento de delitos graves como prostitución infantil, uso ilegal de armas, extorsión y sicariato. Estas actividades no solo afectan a las comunidades locales, sino que también socavan la seguridad nacional.
Los críticos señalan que aquellos congresistas que respalden la ampliación del REINFO, en su forma actual, estarían favoreciendo el avance del crimen organizado. «No les importa la contaminación, las vidas perdidas ni los delitos vinculados a esta actividad; solo buscan garantizar financiamiento ilegal para sus intereses políticos», afirmaron voceros del sector empresarial.
Una estrategia que responsabiliza al Ejecutivo
La reciente censura del exministro de Energía y Minas ha sido interpretada como parte de una estrategia política que busca desviar la responsabilidad hacia el Ejecutivo. Sin embargo, analistas sostienen que esta medida encubre un plan más amplio para mantener el statu quo de la minería ilegal. Declaraciones públicas, bloqueos de carreteras y ataques mediáticos contra el Gobierno formarían parte de esta maniobra, diseñada para debilitar las instituciones y favorecer a redes ilícitas.
Rechazo desde el sector empresarial
El sector empresarial ha rechazado enérgicamente esta propuesta y ha instado a los líderes políticos a tomar una posición clara frente a los congresistas que, al votar a favor de la ampliación del REINFO, estarían respaldando actividades criminales que perjudican al país.
«Los líderes políticos deben pronunciarse con firmeza. No podemos permitir que intereses ilícitos continúen destruyendo nuestro medio ambiente, afectando a miles de peruanos y socavando nuestras instituciones», manifestaron representantes empresariales de COMEX Perú.
La ampliación del REINFO, en sus términos actuales, se presenta como un tema crítico que no solo pone en jaque la sostenibilidad ambiental y social del país, sino que también pone de manifiesto las profundas conexiones entre ciertos sectores políticos y el crimen organizado.
