A pesar de que el Congreso ha presentado 301 proyectos de ley desde 2021 para crear nuevas universidades públicas en el país, especialistas advierten que incrementar la cantidad de instituciones no garantiza una mejora real en la calidad educativa, especialmente en regiones como Cusco.
La región forma parte del reciente dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, que declara de interés nacional la creación de nuevas universidades públicas. Sin embargo, los retos actuales muestran que la sola apertura de instituciones no resolverá la limitada capacidad para atender la alta demanda. Un ejemplo es la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, que en 2023 logró matricular apenas al 1.4% de los jóvenes de su provincia (772 estudiantes).
Para Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), la solución pasa por fortalecer las universidades existentes:
“Si el objetivo es responder a la demanda educativa, es más eficiente invertir en infraestructura, plazas docentes, laboratorios y conectividad. Además, se requiere una gestión que asegure el uso óptimo del presupuesto”, señaló.
El especialista agregó que la creación de nuevas universidades sin sustento técnico podría afectar la sostenibilidad y calidad de la educación superior. “Antes de abrir una universidad, es indispensable evaluar si existe una población estudiantil sin acceso y si las carreras ofrecidas responden a las necesidades productivas y sociales del territorio”, afirmó.
En Cusco, la Universidad Nacional de Chumbivilcas es un caso representativo. Su propuesta académica considera carreras vinculadas a las actividades económicas locales —como Ingeniería Civil, Agropecuaria, Zootecnia o Medicina Veterinaria— pero expertos sugieren integrar programas en Ingeniería Ambiental, Gestión Pública o Turismo y Desarrollo Rural para potenciar el impacto regional.
El desafío es urgente: más de 58 mil jóvenes cusqueños (el 15.7% de quienes tienen entre 15 y 29 años) no estudian ni trabajan, según el INEI (2023). Esta cifra, que ha aumentado ligeramente desde 2019, refleja la necesidad de que la educación superior se traduzca en empleo digno y desarrollo local.
“Las decisiones sobre qué carreras ofrecer deben ser estratégicas para el desarrollo regional. Una universidad que forma profesionales en áreas clave se convierte en un verdadero aliado del progreso. Por eso es fundamental fortalecer las instituciones públicas existentes y dotarlas de recursos para brindar educación de calidad y pertinente”, concluyó Chuquitapa.
