Cusco, 9 de febrero de 2026. Un total de 35 obras públicas permanecen paralizadas en la región Cusco debido a fallas detectadas antes del inicio de su ejecución, como expedientes técnicos deficientes, falta de permisos o inexistencia de terrenos disponibles. Así lo revela el último reporte de la Contraloría General de la República, analizado por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
De acuerdo con la información, estos proyectos representan una inversión aproximada de S/115 millones, lo que posiciona a Cusco como la tercera región con mayor número de obras detenidas por estas causas, solo detrás de Áncash y Lima. La situación constituye un riesgo significativo para la adecuada gestión de los recursos públicos.
“Cuando una obra se inicia sin tener resueltas las condiciones básicas, queda expuesta a retrasos prolongados, modificaciones contractuales y mayores costos. En estos casos, el presupuesto inicial suele incrementarse sin que se obtengan resultados concretos para la población”, explicó Erick Chuquitapa, economista de REDES.
Del total de obras paralizadas por errores previos, 34 están a cargo de gobiernos locales. Entre los proyectos más relevantes se encuentran la ampliación del sistema de agua y alcantarillado en Calca, iniciada en 2012 y actualmente detenida por falta de terrenos; la remodelación del mercado satélite de Quillabamba, ejecutada por la Municipalidad Provincial de La Convención; y la instalación de defensas ribereñas en el río Vilcanota, paralizada por deficiencias en su expediente técnico.
Esta concentración de obras detenidas ocurre en un contexto regional marcado por problemas de corrupción y debilidad institucional, factores que afectan la calidad de la planificación pública y aumentan la probabilidad de errores técnicos y decisiones deficientes.
Según la Contraloría, en 2023 Cusco perdió S/13 por cada S/100 de gasto público debido a corrupción e inconducta funcional, lo que equivale a más de S/1,352 millones. Asimismo, la Defensoría del Pueblo reportó que 6 de cada 10 casos de corrupción registrados en Cusco durante el primer semestre de 2025 involucraron a funcionarios municipales.
La región ya ha enfrentado situaciones similares en proyectos emblemáticos. Uno de los casos más representativos es el del Hospital Antonio Lorena, licitado con un expediente técnico deficiente, lo que generó múltiples ampliaciones de plazo, sobrecostos e investigaciones fiscales. Más de una década después, la obra recién proyecta su inauguración este año.
El impacto de estas paralizaciones se refleja directamente en la vida cotidiana de la población. “Cuando una obra queda detenida, los recursos asignados no se traducen en servicios ni en infraestructura. Eso significa que proyectos de agua, saneamiento o electricidad no llegan a las familias”, señaló Chuquitapa. En Cusco, esta problemática es especialmente visible: 7 de cada 10 hogares no cuentan con el paquete completo de servicios básicos, según datos del INEI.
Finalmente, el economista advirtió que la acumulación de obras inconclusas afecta el desarrollo regional. “La falta de servicios y la desconfianza en las instituciones desincentivan la inversión privada y limitan las oportunidades de crecimiento, educación y empleo. Cuando este problema se vuelve estructural, envía una señal clara de debilidad institucional que impacta negativamente en el futuro de la región”, concluyó.
