Un reciente análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha encendido las alarmas sobre la capacidad de los hospitales de la región Cusco para enfrentar desastres naturales, especialmente con la llegada de la temporada de lluvias, que se extiende de diciembre a abril. Según el informe, cinco de los siete principales hospitales de la región presentan deficiencias críticas en su infraestructura y equipamiento, lo que los coloca en un alto nivel de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los hospitales de Espinar, Quillabamba, Pichari, Santo Tomás y el emblemático Hospital Antonio Lorena se encuentran en la categoría “C”, la más baja del índice. Esto significa que no cuentan con las condiciones mínimas para operar de manera segura durante un desastre natural. Por otro lado, el Hospital Regional fue clasificado en la categoría “B”, mientras que el único centro que obtuvo una calificación satisfactoria fue el Hospital de Sicuani, en la categoría “A”.
Riesgos estructurales y operativos
Los principales problemas identificados incluyen estructuras antiguas, falta de mantenimiento adecuado y equipos médicos deficientes. Según el economista de REDES, Erick Chuquitapa, estos problemas no solo ponen en riesgo a los pacientes y al personal médico, sino que también afectan la continuidad de los servicios en situaciones críticas. “Un hospital inoperativo sobrecarga al personal de los centros que permanecen funcionales, aumentando los tiempos de espera y disminuyendo la calidad de la atención”, señaló.
Además, expertos advierten que los techos y sistemas de drenaje de estos hospitales son incapaces de manejar lluvias intensas, lo que podría causar filtraciones y la inhabilitación de áreas completas dentro de los establecimientos.
Corrupción e ineficiencia complican la situación
La crisis hospitalaria en Cusco no solo responde a problemas técnicos, sino también a una gestión ineficiente. El nuevo Hospital Lorena, que debía inaugurarse en 2014, ha sufrido retrasos constantes debido a casos de corrupción, y su apertura ahora está proyectada para diciembre de 2025.
Este retraso tiene un impacto directo en el acceso a servicios de salud de calidad, perpetuando la desigualdad y la pobreza en la región. “Sin acceso adecuado a la atención médica, las familias se ven obligadas a gastar más en salud y enfrentan mayores dificultades económicas, lo que afecta su capacidad para salir del ciclo de pobreza”, explicó Chuquitapa.
Un llamado urgente a la acción
Con la temporada de lluvias cada vez más cerca, el informe de REDES resalta la necesidad urgente de invertir en la mejora de la infraestructura hospitalaria. Sin una intervención oportuna, la región podría enfrentar una crisis sanitaria que afecte a miles de personas, agravando aún más las brechas de inequidad y acceso a la salud en el país.
