Cusco se mantiene como una de las regiones peruanas con mayores índices de violencia machista, una problemática que vulnera los derechos fundamentales de miles de mujeres y niñas. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 15 feminicidios en la región, situándola como la segunda con mayor incidencia después de Lima. Estas cifras fueron destacadas por Amnistía Internacional en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Uno de los aspectos más alarmantes es la relación entre la desaparición de mujeres y los feminicidios. Durante el año pasado, se emitieron 7 097 notas de alerta por desaparición de mujeres en todo el país, de las cuales Cusco registró 651, ubicándose nuevamente en el segundo lugar a nivel nacional. Se estima que solo la mitad de estas desaparecidas son encontradas, lo que deja en evidencia la urgencia de medidas efectivas por parte de las autoridades.
Asimismo, los Centros de Emergencia Mujer en Cusco atendieron 800 casos de violación sexual en 2024, un incremento respecto a los 739 registrados en 2023. Es particularmente preocupante que el 60% de las víctimas sean menores de edad, lo que resalta la necesidad de fortalecer las políticas de protección y prevención.
Di Paola Linares, vocera de Amnistía Internacional en Cusco, ha enfatizado que la inacción de las autoridades contribuye a perpetuar esta violencia. «Las cifras reflejan un problema estructural que requiere un compromiso firme y medidas inmediatas. No podemos seguir ignorando el impacto de la violencia de género en nuestras comunidades», afirmó.
Ante este panorama, Amnistía Internacional ha puesto en marcha diversas estrategias para la educación en derechos humanos y la prevención de la violencia de género en la región. En colaboración con docentes y funcionarios de la UGEL, se están desarrollando programas de formación en Quispicanchi y Cusco para fortalecer la identificación y abordaje de la violencia en el ámbito educativo.
«La educación en igualdad es clave para prevenir la violencia machista y generar espacios seguros para nuestras niñas y mujeres», señaló Linares. En ese sentido, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades nacionales, regionales y locales a garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia, a través de políticas de prevención, educación basada en igualdad y una justicia efectiva que no permita la impunidad.
