Mientras que actividades formales como el turismo, el comercio y la agricultura generan empleo, pagan impuestos y aportan recursos para obras y servicios, las economías ilegales se han convertido en una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible de la región. El narcotráfico y la trata de personas desvían recursos, dañan el tejido social y no dejan beneficios para la ciudadanía.
Narcotráfico: amenaza ambiental y social
En 2024 se registraron 14,493 hectáreas de cultivo de coca en zonas de alto riesgo, principalmente en La Convención, Kosñipata y Camanti. Esta actividad, vinculada al narcotráfico, no solo fomenta la ilegalidad, sino que también destruye bosques y pone en riesgo áreas protegidas, como el Parque Nacional del Manu, uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
Trata de personas: la segunda economía ilegal del Perú
El otro flagelo que golpea a Cusco es la trata de personas. Entre 2020 y 2024 se denunciaron 127 casos, según el Ministerio del Interior, colocando a la región entre las más afectadas del país.
De acuerdo con un informe de la Universidad del Pacífico, esta actividad ilegal mueve alrededor de US$ 1,300 millones al año, siendo la segunda más lucrativa del Perú, incluso por encima del narcotráfico. Sus víctimas son principalmente mujeres, niñas y adolescentes, quienes terminan atrapadas en redes de explotación y sufren graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales.
“La trata de personas afecta la salud física y psicológica de las víctimas. Muchas cargan con estrés postraumático, depresión, enfermedades de transmisión sexual y secuelas crónicas. Niños y adolescentes pierden años de educación y los adultos ven limitado su futuro laboral, lo que perpetúa un ciclo de pobreza que priva a la región de su mayor riqueza: el talento y la capacidad de su gente”, explicó Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Desconfianza ciudadana en las instituciones
El impacto de estas economías ilegales también se refleja en la relación entre la población y las autoridades. Según el Observatorio Nacional de la Seguridad Ciudadana, la confianza en la Policía Nacional del Perú cayó del 28% en 2020 al 14% en 2024, lo que evidencia una creciente sensación de desprotección en la ciudadanía.
El reto pendiente
Expertos coinciden en que superar esta situación requiere fortalecer la presencia policial, mejorar la inteligencia contra el delito, ofrecer resultados concretos que devuelvan la confianza a la población y, sobre todo, brindar apoyo integral a las víctimas.
La meta es clara: que cada ciudadano cusqueño se sienta protegido, escuchado y acompañado en la construcción de un entorno más seguro, donde las economías ilegales dejen de frenar el desarrollo y dar paso a un futuro con más oportunidades.
