La eliminación de la tercerización laboral a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR dado por el Ministerio de Trabajo (MTPE), sin un diálogo social sienta un pésimo precedente en el país y hoy más de 100 mil trabajadores, sobre todo de las PYMEs, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, afirmó Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú.
Durante su intervención en el webinar “Generación de empleo, producción nacional y situación laboral”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Choquehuanca señaló que el DS 001-2022-TR atenta contra los derechos fundamentales de todos los peruanos porque afecta la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.
“Esta es una medida populista con un claro sesgo ideológico que aprobó el MTPE a espaldas del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio de diálogo entre empleadores y trabajadores; que solo va a traer consigo la precarización del empleo y más informalidad”, subrayó.
Asimismo, Choquehuanca expresó su preocupación porque la agenda laboral que viene promoviendo la actual administración gubernamental tiene un impacto sumamente negativo sobre la pequeña y mediana empresa, ya que no fomenta el empleo formal, por el contrario, se alienta la precarización del empleo, la llamada “planilla negra” y la informalidad.
“No se debe azuzar una cultura de enfrentamiento y odio entre trabajadores y empleadores porque pierde la empresa y el país. Más bien se debe fomentar el empleo formal y un entorno favorable a fin de crear más empresas”, subrayó la representante de las mypes, al comentar que el Gobierno debe dejar de lado la mirada miope frente a la informalidad laboral.
Por su parte, Luis Vinatea, socio del Estudio Vinatea & Toyama, manifestó que el DS 001-2022-TR se dio sin un análisis técnico y respondiendo a una decisión política de las actuales autoridades del Gobierno, ya que se aprobó sin un diálogo social y al margen del CNTPE.
Precisó que estamos frente a una norma ilegal que ha motivado diversos procesos judiciales y administrativos; incluso el Indecopi, en primera instancia, ha declarado que los alcances de este Decreto Supremo constituyen barreras burocráticas ilegales.
“Lo esencial es potenciar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, pero lamentablemente el Gobierno ha preferido prohibir la
la tercerización, que es un mecanismo que es reconocido por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, citó.
A su vez, Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico, declaró que recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) publicó un informe en el que destaca que la tercerización en el Perú es positiva porque genera especialización, ventaja comparativa, eficiencia y economía de escala; por tanto, aumento de la productividad que se traduce en mejores ingresos para la empresa y el trabajador.
