El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha emitido un contundente informe alertando sobre la expansión sin precedentes de la minería ilegal en el Perú y cuestionando la efectividad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya extensión de vigencia sigue siendo promovida por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. De acuerdo con el análisis del IPE, esta medida ha fracasado como herramienta para formalizar a los pequeños mineros artesanales, mientras que organizaciones delictivas aprovechan su cobertura para operar impunemente, perpetuando un clima de criminalidad e inseguridad ciudadana.
Según las proyecciones del IPE, las exportaciones de oro ilegal alcanzarían en 2024 un máximo histórico de 6,840 millones de dólares, un crecimiento de 41% respecto al año anterior. Esta cifra supera con creces el crecimiento total proyectado de exportaciones para el mismo año, estimado en 8% por el Banco Central de Reserva (BCR). Las regiones de Madre de Dios y Pataz (La Libertad) siguen siendo los mayores focos de minería ilegal, impulsados por el aumento del precio del oro que ha alcanzado cerca de 2,500 dólares por onza, un nivel histórico.
Además, el consumo de combustible en la Amazonía –un insumo fundamental para la minería ilegal– ha aumentado considerablemente, con un crecimiento del 40% en los últimos cinco años en Madre de Dios, frente al promedio nacional de 3.8%, según datos de Osinergmin. El IPE señala que esta exoneración de IGV e ISC para combustibles en esta región ha generado un costo acumulado de más de 8 mil millones de soles desde 2008, facilitando la continuidad de estas actividades ilícitas.
Impactos y recomendaciones del IPE
Los efectos de la minería ilegal no son solo económicos, sino también sociales y ambientales. Entre 2015 y 2021, la tasa de criminalidad en Madre de Dios se quintuplicó, afectando al 38.6% de la población mayor de 15 años, mientras que la deforestación ilegal en la región se estima en 31 mil hectáreas entre 2021 y 2024, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP).
Para enfrentar estos problemas, el IPE propone una estrategia integral que combine interdicciones y operativos de inteligencia, acompañados por un mayor presupuesto para el programa de Reducción de Minería Ilegal, cuyo financiamiento se ha reducido en un 37% entre 2019 y 2024. Además, recomienda una política de formalización sin ampliaciones ni exenciones de responsabilidad penal, dado que el 76% de los 84,470 registros en el Reinfo actualmente se encuentran suspendidos, situación que permite a los mineros ilegales operar con aparente legalidad.
El IPE también enfatiza la necesidad de una coordinación interinstitucional efectiva y una política de trazabilidad en la cadena de suministro de oro, instando a la fiscalización en todos los eslabones de esta actividad. En conclusión, el informe subraya que un cierre definitivo del Reinfo y el establecimiento de un régimen de formalización más riguroso y controlado es esencial para combatir la minería ilegal, y hace un llamado a un liderazgo coordinado entre el Ejecutivo y el Congreso para impulsar estas reformas.
