El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) conformó un grupo de trabajo sectorial de carácter temporal con el fin de elaborar un informe exhaustivo sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), suscrito en 2014 con la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., así como la Adenda N.° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral del acuerdo adoptada ese mismo año.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 539-2025-MTC/01, publicada en el Diario Oficial El Peruano. El equipo tendrá 15 días hábiles para entregar un documento que identifique responsabilidades y proponga acciones legales o administrativas que salvaguarden los intereses del Estado, en el marco de las deficiencias señaladas por el laudo arbitral del CIADI, emitido en mayo de 2024, que ordenó al Perú pagar US$ 91,2 millones por indemnización, más intereses, y US$ 9,3 millones por gastos procesales.
El grupo de trabajo analizará el diseño, formulación y suscripción del contrato, la firma de la adenda —realizada en incumplimiento de la normativa de Asociaciones Público-Privadas— y la resolución unilateral del contrato sin la debida justificación por causal de interés público.
La comisión estará integrada por representantes de la Secretaría General (que la presidirá), el Viceministerio de Transportes, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que asumirá la Secretaría Técnica. Todos sus miembros trabajarán ad honorem y deberán instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, destacó que este trabajo permitirá “identificar responsabilidades penales, civiles y administrativas, por acción u omisión, de exfuncionarios y exservidores del MTC”. Además, resaltó que el actual Gobierno, liderado por la presidenta Dina Boluarte, “no permitió que el Cusco y el Perú se queden sin el segundo aeropuerto internacional, por lo que impulsó un nuevo contrato transparente con el Gobierno de Corea del Sur, cuya obra está en plena ejecución”.
