El Gobierno ha implementado una reforma tributaria que limita el tiempo disponible para que las empresas utilicen el crédito fiscal del IGV, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial. La medida, establecida en el Decreto Legislativo 1669, reduce el plazo de 12 meses a un período de uno, dos o tres meses, dependiendo del tipo de comprobante.
Este cambio afecta a empresas de todos los tamaños, ya que deberán registrar sus compras en un tiempo más corto para evitar sanciones y la pérdida del derecho a utilizar el crédito fiscal. Expertos como Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto, y Klever Espinoza, socio de KERZ, cuestionan la legalidad de la norma, señalando que el Congreso no otorgó facultades al Ejecutivo para modificar los plazos del IGV.
Además, la reforma impacta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (mypes), que podrían enfrentar costos adicionales y dificultades operativas. Según los especialistas, el decreto restringe derechos adquiridos y modifica el alcance de sentencias de la Corte Suprema en materia tributaria. Esto genera incertidumbre y podría aumentar los costos de transacción, desincentivando la formalización empresarial.
Ante este escenario, surgen dudas sobre si la medida realmente fomenta un entorno económico competitivo o, por el contrario, representa un obstáculo para la actividad empresarial. Mientras el sector privado expresa su preocupación, se espera que el Gobierno brinde mayores explicaciones sobre el impacto y la viabilidad de la norma.
